Gobierno Nacional impulsa la regularización de juntas de agua en beneficio de más de 11 mil usuarios en Santo Domingo de los Tsáchilas
Boletín de Prensa No. 301
06 de julio de 2026
En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el Ministerio de Ambiente y Energía llevó a cabo la entrega de nombramientos a favor de las juntas de agua potable y de autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua, con un total de 11.050 usuarios beneficiados.
Las juntas administradoras ‘Nueva Esperanza del Norte’ y ‘PAMASA’ y las juntas de agua potable y saneamiento ‘Playa de Muerto’ y ‘Alejandrino Velasco’, recibieron los nombramientos a través de directivas legalmente electas. Este proceso beneficia directamente a 2.829 habitantes de los cantones de Santo Domingo, El Carmen, Quinindé y Puerto Quito; y garantiza la representación de las organizaciones ante las instituciones públicas y sus comunidades, así como una gestión más eficiente y transparente de los sistemas comunitarios de agua potable.
Con la finalidad de apoyar el desarrollo agrícola de Santo Domingo de los Tsáchilas, se entregaron 21 autorizaciones de uso de agua destinadas a proyectos de micro reservorios para riego. A través de la disponibilidad del recurso para los cultivos de plátano, cacao, café, maíz y otros de ciclo corto y largo, se garantiza la soberanía alimentaria y el bienestar de las familias productoras campesinas.
En relación al uso de agua para consumo doméstico, se otorgó una resolución a la Junta Administradora de Agua Potable La Independencia, que beneficia a una población de 8.200 habitantes del sector costero con el abastecimiento proveniente de cinco pozos profundos (suministro de 23,57 litros por segundo), fortaleciendo la gobernanza comunitaria del agua y la sostenibilidad del servicio de agua potable en la zona.
El Ministerio de Ambiente y Energía ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la gestión sostenible de los recursos hídricos, la promoción de la participación ciudadana, la seguridad jurídica y la garantía de acceso al agua como un derecho fundamental para la población ecuatoriana.