Boletín de Prensa Nro. 162

19 de mayo de 2026

Este 19 de mayo, en un evento formal, autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía socializaron el inicio del proceso de estructuración del Plan Nacional para abordar las Pérdidas y Daños por los Efectos Adversos del Cambio Climático, una herramienta estratégica que permitirá al país fortalecer y acelerar su accionar frente a impactos climáticos que afectan a comunidades, sectores productivos, ecosistemas y poblaciones.

La construcción del Plan Nacional permitirá la identificación de necesidades técnicas y financieras, fortalecerá las capacidades institucionales y consolidará una hoja de ruta para articular acciones entre el Gobierno Central, los GAD, la academia, el sector privado y la sociedad civil.

Esta iniciativa se consolida como una respuesta efectiva frente a la creciente vulnerabilidad del país ante eventos climáticos extremos. Entre 2012 y 2023, Ecuador registró 18 793 eventos climáticos, que resultaron en 296 000 personas afectadas y más de 29 200 hectáreas de cultivos perdidos, con impactos directos en la producción y los medios de vida de miles de familias.

La Viceministra de Ambiente Marino y Costero, Alicia Jaramillo, destacó que este proceso marca un paso decisivo para fortalecer la respuesta nacional frente a los impactos climáticos. “Este Plan permitirá que el país fortalezca su acceso a mecanismos internacionales de financiamiento climático, incluyendo oportunidades vinculadas al Fondo para responder a Pérdidas y Daños y otras iniciativas de cooperación, consolidando una agenda nacional basada en evidencia técnica y participación interinstitucional”, puntualizó.

El evento se desarrolló en la Universidad Andina Simón Bolívar y reunió a representantes de instituciones públicas, cooperación internacional y actores estratégicos, en el marco del proyecto “Creando las condiciones propicias para la implementación del mecanismo de pérdidas y daños (L&D) en Ecuador”, impulsado por el Ministerio con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Con este proceso, el Gobierno Nacional mantiene su compromiso de avanzar hacia una gestión climática más preventiva, coordinada y sostenible, orientada a reducir riesgos, atender impactos, fortalecer la resiliencia de los territorios frente a los efectos adversos del cambio climático y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.