Gobierno Nacional ejecutó 683 controles de agua en 2025 y aplicó sanciones por USD 885 mil para proteger la salud pública

Boletín de Prensa Nro. 188

Quito D.M., 5 de febrero de 2026

Durante 2025, el Gobierno Nacional, a través de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), realizó 683 inspecciones técnicas en todo el país para verificar la calidad del agua y prevenir afectaciones a la salud de la población, como parte de una gestión técnica sostenida y con presencia permanente en territorio.

Como resultado de estos controles, se impusieron 22 sanciones administrativas en ocho provincias —Azuay, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Napo, Santa Elena y Zamora Chinchipe— por un monto total de USD 885.952, debido a incumplimientos relacionados con descargas de aguas residuales y afectaciones a ríos, acuíferos y otros cuerpos de agua de uso público.

Estas acciones forman parte del rol del Estado de regular y fiscalizar los servicios de agua potable y saneamiento, con el objetivo de asegurar que los sistemas de tratamiento funcionen correctamente y evitar descargas sin tratamiento que pongan en riesgo a las comunidades y a los ecosistemas.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, los controles permitieron identificar descargas fuera de norma, como el caso detectado en Cuenca, donde se verificaron vertidos de aguas residuales sin tratamiento hacia un río, lo que confirmó la necesidad de mantener una vigilancia técnica constante.

La directora ejecutiva de la ARCA, Daniela Limongi, señaló que “el control del agua es permanente y preventivo. Por ello, se fortalecerán las inspecciones, el monitoreo continuo y las pruebas técnicas con laboratorios certificados para anticipar riesgos y proteger la salud pública”.

El Gobierno Nacional ratifica que los controles no se detendrán ni se flexibilizarán, y que ninguna descarga fuera de norma es justificable, aun cuando se alegue la capacidad de dilución de los ríos. La gestión técnica continuará con mayor rigor y transparencia para garantizar el acceso a agua segura, proteger los ecosistemas y asegurar el bienestar de la población.