Boletín de Prensa No. 302

06 de julio de 2026

Con un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para proteger los bosques, páramos y ecosistemas del país, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Ambiente y Energía, presentó este lunes la campaña nacional de prevención de incendios forestales, una iniciativa que, por noveno año consecutivo, busca fortalecer la cultura de prevención y reducir la incidencia de incendios forestales durante el período de mayor riesgo de ocurrencia de incendios forestales, comprendido entre julio y septiembre.

La campaña promueve el uso responsable del fuego, la reducción de prácticas de riesgo y el reporte oportuno de emergencias al ECU 911. Este año se desarrolla en un contexto marcado por la presencia del fenómeno de El Niño, que, si bien no provoca incendios forestales de manera directa, genera condiciones que incrementan la vulnerabilidad del territorio, como temperaturas elevadas, disminución de la humedad, vegetación seca, presencia de viento y mayor disponibilidad de material vegetal combustible.

La iniciativa es liderada por el Ministerio del Ambiente y Energía y se ejecuta de manera articulada con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), la Policía Nacional del Ecuador, el Cuerpo de Bomberos de Quito y el ECU 911, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y la respuesta coordinada en todo el territorio nacional.

Alicia Jaramillo, viceministra del Ambiente y Marino Costero, destacó que la prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para proteger el patrimonio natural del país.

«Nuestro objetivo es reducir las cifras de incendios forestales registrados en 2025 a través de la educación, la sensibilización y el trabajo conjunto con las instituciones y la ciudadanía. Cada incendio forestal que logramos evitar significa conservar biodiversidad, proteger fuentes de agua, reducir emisiones de carbono y salvaguardar vidas y medios de subsistencia», señaló.

En 2025, Ecuador registró 2.157 incendios forestales en 22 provincias, que afectaron 17.074,08 hectáreas. Imbabura fue la provincia con la mayor superficie quemada, con 4.506,53 hectáreas, equivalente al 26,39 % del total nacional. Frente a este escenario, el Ministerio del Ambiente y Energía fortaleció su trabajo preventivo, alcanzando a más de 20.599 personas mediante procesos de educación ambiental, fortalecimiento de capacidades, elaboración de herramientas para la gestión territorial y promoción de alternativas al uso del fuego.

Como parte de la campaña, entre julio y septiembre se desarrollarán jornadas de sensibilización comunitaria, capacitaciones, acciones educativas, difusión en medios y redes sociales, y actividades de articulación con gobiernos locales, organizaciones sociales y actores comunitarios para promover una cultura de prevención en todo el país.

El Ministerio de Ambiente y Energía recuerda que más del 90 % de los incendios forestales tienen origen humano y pueden prevenirse. Evitar las quemas antitécnicas, no arrojar colillas de cigarrillo ni materiales inflamables en áreas naturales y reportar de inmediato cualquier conato de incendio forestal al ECU 911 son acciones fundamentales para proteger los ecosistemas.

Así mismo informa que el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, sanciona a quien provoque directa o indirectamente incendios forestales con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si el incendio ocurre en áreas protegidas o ecosistemas frágiles como páramos, manglares o bosques nativos, la pena se agrava. Y si el incendio forestal causa la muerte de una persona, la sanción aumenta de 13 a 16 años de prisión

Con la campaña, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio natural del Ecuador e invita a toda la ciudadanía a convertirse en protagonista de la prevención. Porque un incendio forestal no solo consume bosques: también pone en riesgo el agua, la biodiversidad, la economía local y el bienestar de las futuras generaciones.