Boletín de Prensa Nro 185

Quito, D.M, 2 de febrero de 2026

La resolución dicta que Arca inicie el monitoreo de calidad de agua en los cuerpos hídricos de las provincias de El Oro, Loja y Napo

La suspensión total de las actividades mineras en la provincia de Napo; así como, la restricción de todas las operaciones en las plantas de beneficio pertenecientes a las provincias de El Oro y Loja, es el objetivo central de la resolución emitida, este 2 de febrero, por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Energía, como parte de una acción firme y preventiva frente a la extracción ilícita de minerales, que ha generado graves afectaciones ambientales en la Amazonía ecuatoriana y el sur del país.

La medida responde a informes técnicos que evidencian impactos negativos sobre ecosistemas sensibles y fuentes hídricas, producto de actividades ilegales. La resolución se fundamenta también, en los principios de precaución y prevención ambiental,  en la obligación del Estado de proteger los derechos de la naturaleza, el agua y la salud de las comunidades.

“La minería ilegal es una amenaza directa contra nuestros ríos, nuestros bosques y la vida de las comunidades amazónicas. Se ha constatado la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles, en los ríos Calera y Amarillo pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango – Tumbes. Por ello, no vamos a permitir que actividades clandestinas sigan destruyendo el patrimonio natural en la Amazonía y el sur del país”, afirmó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano Díaz.

Como parte de la resolución, el Ministerio dispuso el inicio inmediato de controles, inspecciones y procedimientos administrativos sancionatorios, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y con el respaldo de la fuerza pública. Acciones que buscan interceptar la minería ilegal, suspender operaciones irregulares, decomisar maquinaria y material mineralizado; y evitar nuevos daños ambientales en las zonas identificadas.

Así también, a través de las Direcciones Zonales 7, 8 y 10, iniciarán los procedimientos administrativos sancionatorios a los operadores de actividades mineras, por las infracciones que se identificaren conforme en la normativa ambiental y de agua vigente, con el propósito de interceptar el progreso del impacto ambiental.

La ministra Manzano enfatizó que el objetivo no es solo detener las actividades ilegales, sino recuperar los ecosistemas afectados y garantizar el acceso al agua limpia para las comunidades. “Lo que hacemos hoy se cumple para defender la Amazonía y el futuro del país. Vamos a actuar con firmeza, sin retrocesos y con la ley en la mano”, señaló.

El Gobierno Nacional ratifica su compromiso de mantener una lucha activa contra la extracción ilícita de minerales, fortaleciendo el control estatal, la vigilancia ambiental y la articulación interinstitucional, priorizando la protección de la naturaleza y el respeto a las comunidades.

Revisa la Resolución completa aquí:  https://www.ambienteyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2026/02/MAE-MAE-2026-0005-RM.pdf