Boletín de Prensa No. 229

20 de marzo de 2026

Las juntas de agua y riego sostienen el acceso al agua en zonas rurales donde el Estado no opera directamente los sistemas, y cumplen un rol clave en el abastecimiento, producción agrícola y economía local.

El Gobierno Nacional concretó una de las acciones más relevantes para la gestión del agua en territorio: simplificar las reglas para acceder de manera equitativa al recurso hídrico y fortalecer a las organizaciones que lo administran. Desde el Auditorio Principal de la Universidad Nacional de Chimborazo -UNACH-, el Ministerio de Ambiente y Energía -MAE- lideró una jornada en la cual se abordaron temas que incluyeron: reforma normativa, regularización y fortalecimiento institucional.

Al evento “Fortalecimiento de la gobernanza y uso sostenible del agua en Chimborazo”, realizado este 20 de marzo, asistieron autoridades, técnicos y cientos de representantes de juntas de agua y saneamiento; y riego, que permitió ejecutar tres acciones concretas: la entrega de 100 resoluciones de personerías jurídicas, la firma de una reforma al marco normativo para optimizar el acceso al agua y la suscripción de un convenio interinstitucional para fortalecer la gestión legal en territorio.

Aproximadamente 3 millones de habitantes de sectores rurales del país, pertenecientes a 4 690 juntas de agua potable y saneamiento; y 2 766 juntas de riego -en conjunto superan las 7 400 organizaciones comunitarias- se benefician de la entrega de documentos jurídicos, viabilidades técnicas y de la emisión de reformas normativas que realiza el Gobierno Nacional para potenciar el uso responsable y accesibilidad integral al agua.

Uno de los hitos centrales fue la firma de la reforma al Acuerdo Ministerial 2018-0194, que regula los requisitos para la autorización de uso de agua. “Esta reforma introduce un enfoque más claro, ágil y adaptado a la diversidad del país. No crea nuevos requisitos ni genera costos adicionales, pero sí ordena y precisa los existentes, eliminando ambigüedades y reduciendo tiempos de tramitación. Su objetivo es claro: facilitar el acceso al agua con reglas más justas, transparentes y acordes a la realidad rural, explicó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

En Chimborazo, las decisiones adoptadas tuvieron impacto directo. La entrega de personerías jurídicas y otros instrumentos administrativos benefició a 7 417 usuarios y más de 37.000 ciudadanos, fortaleciendo la organización comunitaria y asegurando una gestión transparente respaldada por el Estado.

En el marco de este evento, también se suscribió un convenio entre el GAD de Penipe y el MAE para reforzar la unidad jurídica de la oficina técnica en Riobamba, mediante asistencia técnica y la incorporación de profesionales que optimizarán los procesos administrativos vinculados al agua.

El Ejecutivo reiteró la necesidad de garantizar el acceso hídrico sin barreras. “La accesibilidad al agua no puede depender de trabas administrativas ni interpretaciones discrecionales. Es un derecho que el Estado debe garantizar con reglas claras y sin exclusiones”, añadió la ministra.