El Ministerio del Ambiente (MAE), junto a otras entidades que participaron en el operativo Ayllón 3, como parte del Comando Estratégico Conjunto de Seguridad Ciudadana, se pronunciaron hoy (viernes) en la Gobernación del Azuay para informar sobre los resultados de la incursión realizada en la parroquia Sig-Sig, provincia del Azuay, el 30 de enero pasado.

Esa madrugada 235 policías y 105 miembros de las Fuerzas Armadas, junto a funcionarios del MAE, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y la Fiscalía llegaron a bordo de tres helicópteros a una zona de difícil acceso, ubicada en el Bosque Protector de la Cuenca del Río Paute. Desde ahí, según Víctor Hugo Gangotena, general de Distrito de la Policía Nacional, caminaron por cinco horas hasta llegar a una zona afectada por la minería aurífera aluvial en donde hallaron evidencia de actividades ilegales, lograron inhabilitar cinco campamentos y detuvieron a 41 personas, 21 ecuatorianos y 20 colombianos.

Gustavo Mosquera, Gerente del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), aclaró que el operativo fue motivado por la denuncia del MAE sobre actividades de minería ilegal dentro de un área protegida, lo que configuraría un presunto delito ambiental.

La acción se sustenta en el Art. 437 h del Código Penal que indica: “El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será reprimido con prisión de 1 a 3 años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave”.

El lugar identificado se encuentra en el Bosque Protector de la Cuenca del Río Paute, declarado así por acuerdo Ministerial No. 292 del Ministerio de Agricultura y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 255, del 22 de agosto de 1985. Incluye 15 áreas localizadas en el interior de la cuenca del río Paute, que comprenden una superficie total de 195.161 hectáreas. La zona en la que se intervino se localiza en el área 3, que corresponde a las microcuencas de los ríos Shío y Santa Bárbara, subcuenca del río Gualaceo, que constituyen una superficie aproximada de 13.384 hectáreas.

Humberto Cordero, Gobernador de Azuay, aclaró que este no es un caso aislado y que “los operativos de este tipo obedecen a una política pública del Gobierno que consiste en trabajar coordinadamente, protegiendo a la naturaleza y respetando los derechos humanos”.

Jaime Jarrín, Director Ejecutivo de ARCOM, reiteró la postura del Gobierno con respecto a la minería ilegal “le decimos no a la ilegalidad. Por eso, en 2012 se han hecho más de 20 operativos a nivel nacional y se ha formalizado a más de 1500 mineros artesanales en todo el país”.

Pero las clausuras y detenciones no son las únicas acciones que se realizan durante los operativos. El MAE realiza evaluaciones ecológicas en los puntos intervenidos para la posterior elaboración de informes de valoración del daño ambiental. Los resultados obtenidos sirven como elementos de prueba, dentro del proceso penal activado contra los presuntos responsables del delito ambiental que se investiga.

Finalmente, las instituciones involucradas anunciaron futuros operativos e hicieron un llamado a los mineros para que legalicen su estado, de tal forma que aseguren su trabajo, disminuyan los impacto ambientales, no pongan en riesgo su salud y precautelen su vida y la de las poblaciones cercanas a las áreas de explotación minera.

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