El Proyecto de  Ley de Minería que se encuentra en debate en la Asamblea Nacional tuvo el aporte del Ministerio del Ambiente (MAE) desde la visión de una minería totalmente responsable con la naturaleza, fortaleciendo los controles y supervisando de manera constante la aplicación de los lineamientos exigidos para el otorgamiento de Licencias y categorizando las fases de minería, a partir del nivel de impacto.

«Los cambios en el proyecto del Ley de Minería, de ninguna manera,  significan una flexibilización de los procesos, sino que significa el mejoramiento de los servicios, la transparencia y accesibilidad de la información en materia ambiental», explicó  la Ministra del Ambiente, Lorena Tapia.

Dentro del Proyecto, se registran seis aspectos principales que contribuirán a la ejecución de una mejor gestión y control ambiental. Entre ellos:

La autoridad ambiental tendrá la capacidad para suspender actividades mineras de manera preventiva o correctiva, según el caso amerite, Esto, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política, permite un mejor control ambiental por parte de la autoridad que concede el permiso para el manejo ambiental de proyectos y actividades mineras.

Se aplicará una categorización ambiental para las fases mineras. Esto es consecuente con las diferentes fases mineras de Exploración Inicial, Exploración Avanzada, Explotación, Beneficio en función del riesgo y grado de impacto. Este proceso con la finalidad de optimizar tiempos para agilitar la emisión de permisos y licencias de todos  los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en el país y la magnitud del riesgo ambiental, a mayor riesgo, se exige estudios gradualmente más complejos, y como resultado, se podrá ejercer un mejor control. Con la ley como está actualmente, todos los proyectos deben tener el mismo permiso, y esto no refleja claramente la necesidad de control de cada proyecto.

Se pondrá énfasis en la planificación de cierre de minas y proyectos mineros desde antes de su arranque, con seguimiento y mejora continua, lo que minimizará la posibilidad de que se presenten pasivos ambientales luego del abandono, y un significativo ahorro para el país.

Se prohibirá el uso de mercurio en actividades mineras, lo cual refleja una política nacional consecuente con la tendencia mundial de esta industria, pues este elemento usado en minería informal y artesanal en muchos casos, genera grandes y duraderos daños al ambiente y a las comunidades, y son muy difíciles y costosos de remediar.

Se imputará la responsabilidad por daño ambiental a los concesionarios que hayan permitido la caducidad de sus concesiones, para que no exista impunidad si se cometieron impactos no remediados al ambiente.

Se establecerá principios de simplificación, eficacia y celeridad, porque así como el Estado exige el mejor cumplimiento a sus regulados, también garantizará procesos ágiles que no obstaculicen sus actividades e inversiones, incluyendo desde luego la gestión e inversión ambiental.

En la actualidad, el MAE ejecuta procesos de seguimiento y control a través de la Dirección Nacional de Control, Direcciones Provinciales y la Unidad de Calidad Ambiental. En esas inspecciones se verifica de manera constante el cumplimiento de los planes de manejo ambiental para todos los proyectos que cuentan con Licencia, mediante informes de monitoreo, auditorías de cumplimiento, entre otros mecanismos de control.

La minería responsable es un concepto moderno que combina la aplicación de tecnologías eficientes, cuidado al entorno, inclusión social y generación de prosperidad, con una base de respeto y transparencia, con apego a las leyes de cada país donde trabaja. No puede idealizarse como un estándar de perfección, siempre existe discrepancias y hay quienes se empeñan en generar o magnificar conflictos, pero la minería responsable apunta a obtener y respetar sus permisos, a construir compromisos de largo plazo, a fortalecer la comunicación.

Países como Chile, Canadá y Australia se sirvieron de la industria minera décadas atrás para poder diversificar su producción y ahora, aun cuando incrementan año a año su volumen de producción de minerales, cada año dependen menos de ellos en sus exportaciones, pues la diversificación productiva con las ganancias mineras ha permitido un verdadero concepto de sustentabilidad económica en el largo plazo. En Ecuador por ejemplo se consume poco cobre chileno, pero sí muchísima fruta de ese mismo país.

De ahí que la fuerte y clara legislación e institucionalidad de cada país son las que permiten que se aplique y desarrolle el concepto de minería responsable, no las empresas.

Las reformas a la Ley buscan entre varios otros alcances, categorizar la minería según la cantidad de producción. Respetando el derecho constitucional al trabajo pero también las obligaciones de los mineros de respetar el ambiente y las comunidades, el estado otorga permisos y asistencia a todo tipo de minero que sea legal, regula los tributos, fomenta las inversiones. El básico principio de quien más produce más tributa, y quien produce menos tributa menos, pero todos aportan al país.

La actual aplicación de los instrumentos de participación ciudadana como el decreto ejecutivo 1040, no distingue apropiadamente si un proyecto es de gran envergadura o se trata de un trabajo menor de exploración o si tiene una gran área de influencia o se localiza en un lugar remoto, los procesos son igual de complejos para todos.

La categorización de las actividades mineras con la reforma a la Ley minera permitirá que los permisos vayan de la mano con una adecuada difusión social sobre la magnitud de un proyecto minero, de los riesgos ambientales y de la influencia que tengan sobre el sitio donde se desarrollan.

Al igual que en la actualidad y en estricto apego a la Constitución, el estado hará la participación social transparente de todos los proyectos mineros, pero en congruencia con la etapa y magnitud de los proyectos: Grandes proyectos, amplia difusión, proyectos locales, difusión local.