“Alto al Tráfico de Vida Silvestre” la campaña del Gobierno Nacional que fortalece el equilibrio de los ecosistemas
Boletín de Prensa Nro. 214
6 de marzo de 2026
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Energía, presentó este viernes 6 de marzo, la Campaña Nacional “Alto al tráfico de vida silvestre, protejamos la biodiversidad”. Esta iniciativa busca prevenir y sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto que produce la extracción de la vida silvestre en el equilibrio de los ecosistemas, el bienestar animal y las implicaciones legales que conlleva para quienes cometen el delito.
La campaña articula el esfuerzo de instituciones del Estado, como la Unidad de Policía del Medio Ambiente (UPMA), y de organizaciones públicas y privadas como Widlife Conservation Society, el Zoológico de Quito y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que buscan frenar el tráfico ilegal, que es una de las principales amenazas que enfrenta la vida silvestre en el Ecuador.
La viceministra de Ambiente y Marino Costero, Alicia Jaramillo, recalcó la importancia de articular esfuerzos entre instituciones para lograr el cuidado del patrimonio natural.
“Entre 2023 y 2025 se han retenido 1.289 especímenes de vida silvestre, y en lo que va de 2026 se suman 78 más, entre mamíferos, reptiles, aves y plantas endémicas, en las provincias de Pichincha, Imbabura, Napo, Orellana, Sucumbíos, Pastaza y Guayas. En su mayoría se trata de reptiles, mamíferos y aves, así como de flora endémica, especies altamente valoradas en el tráfico ilegal por su belleza y demanda en mercados clandestinos”, puntualizó.
Esta problemática genera afectaciones directas a los ecosistemas, propicia la extinción local de especies de fauna y flora silvestres y representa un riesgo para la salud humana, debido al incremento en la probabilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas por el contacto o consumo de animales.
El Ministerio de Ambiente y Energía reitera su firme compromiso con la conservación y el cuidado de la vida silvestre, mediante la aplicación de sanciones estrictas contempladas en la normativa constitucional, que incluyen penas privativas de libertad de uno a tres años.