Boletín de Prensa Nro. 118

20 de noviembre de 2025

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 212, el Presidente de la República, Daniel Noboa Azin, presentó el Reglamento General a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, el cual entrará en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial. En este mismo Decreto reforma el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial Suplemento N.º 507 del 12 de junio de 2019, e incorpora el artículo 149.1, referente a las “Sanciones en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, estableciendo que las infracciones cometidas en áreas protegidas serán sancionadas por la autoridad competente en áreas protegidas.

Con este instrumento, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) moderniza la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y fortalece la conservación de más de 26 millones de hectáreas de patrimonio natural, lo que marca un hito en la política ambiental del país.

Se establecen parámetros actualizados para la formación, certificación, condiciones operativas y fortalecimiento institucional de los guardaparques, reconociendo su rol estratégico en la protección de la biodiversidad y en el control territorial de las áreas protegidas.

Se autoriza la creación de un fideicomiso público que garantizará recursos estables y permanentes para actividades esenciales como control y vigilancia, monitoreo de biodiversidad, manejo de visitantes, turismo sostenible y fortalecimiento comunitario.

Asimismo, el Reglamento refuerza la participación activa de pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades locales y gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo esquemas de cogestión y una gobernanza más inclusiva, corresponsable y basada en el diálogo.

Se incorporan disposiciones específicas para mejorar la seguridad en el territorio, con protocolos para el control, vigilancia y respuesta ante actividades no autorizadas o situaciones de riesgo, fortaleciendo la integridad ecológica de las áreas protegidas.

Además, los procesos de control, seguimiento y sanción se modernizan para asegurar una gestión más efectiva, transparente y alineada con estándares internacionales de conservación.

Con este nuevo Reglamento, el Gobierno de El Nuevo Ecuador cumple y consolida un modelo de conservación moderno, profesional, participativo y robusto, reafirmando su compromiso con la protección del patrimonio natural y con un futuro sostenible para las presentes y futuras generaciones.