Boletín de Prensa Nro. 106

05 de noviembre de 2025

El Gobierno Nacional, a través de acciones coordinadas entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE); la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM); la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) y la Policía Nacional, ejecutó un operativo de control en la zona de Muyuyacu, provincia del Azuay, un área estratégica frecuentemente afectada por actividades de minería ilegal.

Entre el 20 y el 26 de septiembre de 2025 se intervinieron 23 puntos dentro de la concesión Muyuyacu, de titularidad de ENAMI EP, logrando la desactivación, suspensión y eliminación de actividades mineras ilegales. Durante el operativo se verificaron campamentos y bocaminas en funcionamiento irregular, procediendo a su clausura inmediata.

Como resultado, se neutralizó infraestructura utilizada para la extracción ilegal, se colapsaron bocaminas abiertas de manera ilícita, se destruyó maquinaria abandonada y se neutralizó material explosivo, garantizando la seguridad de la zona y evitando afectaciones ambientales y sociales asociadas a esta actividad no autorizada.

Principales resultados del operativo:

• 23 puntos mineros intervenidos y controlados.
• 5 bocaminas colapsadas para impedir el reingreso.
• 13 operadores mineros suspendidos de sus actividades.

Material destruido in situ:

• 1 clasificadora
• 2 compresores
• 2 motobombas
• 120 sacos de material aurífero
• 98 explosivos y 10 artefactos explosivos artesanales
• 45 cartuchos de diversos calibres
• 2.600 metros de mecha lenta
• 1.914 cápsulas iniciadoras

Material incautado:

• 1 carabina

Además, se inspeccionaron rutas críticas utilizadas para el transporte de mineral y equipos asociados a la extracción ilegal, como las vías hacia Santa Martha Bella Rica, La Independencia – Bella Rica, La López y Shumiral – La Fortuna – San Gerardo, reforzando el control territorial y la vigilancia estratégica.

El Gobierno de El Nuevo Ecuador reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada para combatir frontalmente la minería ilegal en el país, proteger el ambiente, garantizar la seguridad de las comunidades y asegurar que la actividad minera se desarrolle exclusivamente bajo el cumplimiento de la ley y los más altos estándares técnicos y ambientales.